La desactivación del perverso esquema de subsidios al transporte publico de pasajeros generó en el empresariado local (con tentáculos en otras jurisdicciones y actividades, incluso periodísticas) una reacción natural, la de seguir con un esquema de solapada dádiva oficial.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba, Ciudad Autónoma y gran parte del conurbano bonaerense) aumentó el precio del boleto. La cifra llegó a los 600 pesos, valor inferior a la última suba aplicada en Corrientes, que es de 990 pesos.
Claramente esa cuestión está ligada a la existencia de subsidios, en franca retirada de acuerdo a lo anunciado por el gobierno nacional. Esto, de acuerdo a los informes oficiales, se daría en septiembre.
Este esquema, de funcionar sin subsidios nacionales, ya rige en Corrientes aunque parte de esa ayuda que recibían las empresas ahora lo da el Estado provincial (en mayor medida) y el municipal en aporte casi testimonial.
En ese marco es que la función básica de los colectivos se resintió.
Un estudio que realiza periódicamente la Defensoria de los Vecinos marca que en el mes de julio la cifra de personas que usan por día hábil los colectivos no llegan a los 6.500 pasajeros.
La caída es sustancial respecto a la medición tomada en marzo por el mismo organismo.
En el tercer mes, el relevamiento marcó que viajaban 7.000 pasajeros, aun con el boleto con un precio inferior al actual.
“Tenemos que evitar lo que pasó en Formosa, donde colapsó el sistema y estuvieron sin colectivos durante 90 días” advirtió el Defensor de los Vecinos Agustín Payes.
En De Regreso (programa que se emite por La Red Corrientes), el conductor Martin Varela en dialogo con el funcionario municipal, aportó un dato relevante: en 2018 la cifra de pasajeros por día era de 40.000.
La situación, de seguir a este ritmo, podría implicar situaciones similares a lo ocurrido en la ciudad capital de la provincia de Formosa. “Todavía estamos a tiempo para analizar y avanzar con medidas” expresó Payes.
El año que viene, además, tiene un condimento especial: es el primer corte en la concesión del servicio estipulado por la ordenanza, la que indica que los permisos pueden ser prorrogados por cinco años más.
La situación está en manos del poder concedente (Concejo Deliberante y Departamento Ejecutivo) y del Estado provincial como aportante permanente de recursos para evitar la caída del sistema.
