En el Boletín Oficial, el gobierno nacional anunció que promulgaba la ley de emergencia en discapacidad, pero dejaba atada su implementación a la búsqueda de fondos.
El financiamiento, especifica la noma promulgada, quedaba a cargo del Congreso.
En entonces que la norma sancionada por el Congreso, ratificada pese al veto presidencial, no está vigente.
La referente de los prestadores, Marcela Kriskovich, aseguró que la sensación es de “una tomada de pelo”.