Lo decidió el juez federal Julián Ercolini, en el expediente que investiga irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral en la provincia de Santa Cruz.
Cristina Fernández de Kirchner suma una nueva complicación a su larga lista de causa judiciales. La expresidenta irá a juicio oral a partir del 26 de febrero de 2019 en la causa que la investiga por presunta corrupción en la obra pública, también conocida como “causa Vialidad”. Así lo decidió el juez federal Julián Ercolini, informaron fuentes judiciales a PERFIL. La senadora nacional por Unidad Ciudadana será juzgada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara.
El inicio del trámite está programado para el 26 de febrero de 2019, a las 12, según publicó este lunes el Centro de Información Judicial. Además de CFK, serán juzgados el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; su exsecretario de Obras Públicas, José López; y el titular de Austral Construcciones, Lázaro Báez, empresario sindicado como presunto testaferro de los Kirchner, entre otros exfuncionarios y empresarios vinculados al caso.
En la causa, instruída también por el fiscal Gerardo Pollicita, se investigan irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral en la provincia de Santa Cruz. Ercolini ya había procesado a la expresidenta en este expediente en diciembre de 2016, cuando le trabó un embargo por 10.000 millones de pesos. “Cristina Elisabet Fernández, en su carácter de Presidente de la Nación, entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015, habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país”, escribió entonces el magistrado en su fallo. El juez acusó a CFK de ser “jefa de una asociación ilícita” y haber defraudado al Estado por favorecer a Báez, quien recibió 52 contratos de obra pública vial por 46.000 millones de pesos durante los gobiernos kirchneristas. El caso fue elevado a juicio oral en marzo pasado.
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