En medio de internas y operativos del G20, el oficialismo pretende terminar el 2018 con una serie de leyes pendientes.
En medio de la tensión interna disparada en Cambiemos a raíz de la banca perdida en el Consejo de la Magistratura ante una alianza peronista y de las complicaciones para sesionar la semana próxima por la organización del G20 y el anuncio del paro de Aerolíneas, el Poder Ejecutivo resolvió convocar a sesiones extraordinarias que se extenderían durante la segunda semana de diciembre.
El que el oficialismo pretende -mediante las negociaciones de Emilio Monzó y Rogelio Frigerio con la oposición- aprobar una serie de leyes antes de que termine el año y las sesiones ordinarias finalizan el 30 de este mes.
Entre ese paquete de medidas, están el proyecto de reforma de bienes personales al cual el Senado le introdujo modificaciones durante la discusión del presupuesto 2019 y el proyecto de financiamiento de partidos políticos (que cuenta con dictamen de comisión).
A un año de las elecciones, la intención respecto del proyecto de financiamiento de partidos políticos es que la Cámara Baja redacte un nuevo texto que respete en su mayoría el del Senado.
Tanto el oficialismo como el peronismo no kirchnerista verían con buenos ojos blanquear los aportes de empresas a los partidos políticos mediante la bancarización de cada uno de ellos.
Por otro lado, en cuanto a la reforma de bienes personales, no pareciera haber dificultades para aprobarla ya que se trata de un impuesto coparticipable del que el Presupuesto necesita complementarse.
En otro orden, también esperan tratar la reforma de la ley de alquileres que había sido anunciada por el presidente Mauricio Macri y luego generó una interna y fuertes críticas desde el sector inmobiliario, pese a que el diputado impulsor de la ley, Darío Lipovetzky, y el propio presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, Juan Maquieyra, confirmaron que el texto está “muy avanzado y consensuado”. Además, esperan tratar el nuevo Código Procesal Penal, la creación del Parque Nacional del Iberá, la ley correctiva que envió el Senado sobre un impuesto especial sobre cooperativas y mutuales y el proyecto para que los jueces paguen ganancias.
Fuente www.perfil.com
