Daniela Colman había sido convocada como testigo, pero la querella de la Vicepresidenta reclamó que ella y otros miembros del grupo que frecuentaban a Uliarte y Sabag Montiel sean escuchados como imputados en declaración indagatoria, explicaron a Télam fuentes del caso.

Traslado a tribunales de Brenda Uliarte Foto Alfredo Luna
Traslado a tribunales de Brenda Uliarte. / Foto: Alfredo Luna.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti suspendió la citación como testigo de Joana Daniela Colman, quien estaría vinculada a los integrantes del grupo investigado y ordenó reforzar la seguridad de Brenda Uliarte, detenida y procesada por el intento de homicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Colman había sido convocada a declarar como testigo, pero la querella de la Vicepresidenta reclamó que la mujer y otros miembros del grupo que frecuentaban los acusados Uliarte y Fernando Sabag Montiel sean escuchados como imputados en declaración indagatoria, explicaron a Télam fuentes del caso.

La suspensión del trámite se dispuso hasta resolver este planteo.

Por otro lado, la magistrada reforzó la seguridad y dispuso brindar asistencia psicológica a Uliarte, porque la detenida apareció con lastimaduras en la cara, explicaron fuentes del caso.

La lesión fue consignada en un informe elevado al juzgado por el Servicio Penitenciario Federal, donde se aludió también supuestas menciones de la detenida a cometer suicidio, pero ante su defensa en una entrevista mantenida el lunes último, ella manifestó que había sido picada por una araña, explicaron las fuentes.

Uliarte estuvo alojada en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Ezeiza y la jueza dispuso su traslado a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal.

Según detallaron fuentes de la causa, Uliarte ya recibía antibióticos por ello, pese a lo cual y a pedido de su defensa, se dispuso un seguimiento psicológico.

La magistrada dispuso también inhibir los bienes de Uliarte y Sabag Montiel, como consecuencia del embargo que se dictó junto al procesamiento de ambos con prisión preventiva por el intento de homicidio de la Vicepresidenta el 1 de septiembre pasado.

La inhibición se dispone cuando el acusado no tienen bienes ni dinero para satisfacer un embargo, que en este caso se fijó en cien millones de pesos para cada uno.

La declaración de Colman

En cuanto a la declaración testimonial de Joana Daniela Colman, la magistrada la suspendió porque la querella de la Vicepresidenta reclama que se la convoque como imputada a indagatoria y sin juramento de verdad.

Ante ello Gastón Marano, el abogado defensor de otro de los detenidos, Gabriel Carrizo, presentó un escrito en el que denunció que el sindicado líder de la “banda de los copitos” quedó en “estado de indefensión” porque fue indagado y no se acepta convocar a ninguno de los testigos que propuso ni ordenar medidas de prueba pedidas por la defensa.

La Cámara Federal porteña rechazó excarcelar a Carrizo y ahora Capuchetti debe resolver su situación procesal, al igual que la de la cuarta detenida en el caso, Agustina Diaz.

La defensa había pedido a Capuchetti convocar como testigos a Colman y a Sergio Orozco, Miguel Castro Riglos, Lucas Acevedo y Leonardo Volpintesta, vendedores de copos de nieve junto con Carrizo.

Los cuatro ya declararon como testigos en la investigación, luego de presentarse de manera espontánea en Comodoro Py y tras brindar una entrevista televisiva junto a Carrizo y Uliarte, antes de la detención de estos dos últimos por el hecho.

La jueza difirió el pedido de convocarlos como testigos a solicitud del fiscal del caso Carlos Rivolo, quen está “a la espera de la producción de prueba”.

“Carrizo se encuentra en estado de indefensión absoluta, preso e incapacitado de producir la prueba que le permita defenderse”, sostuvo su defensor.

“Este defensor, Sra. Jueza, no va a permitir que a través de métodos espurios y acomodamientos procesales se pulverice la posibilidad de demostrar su inocencia”, agregó

Según la defensa de Carrizo, todos los nombrados habrían presenciado el envío de mensajes que comprometen al detenido y “podrían contextualizarlos”.

TELAM