En un episodio que ha conmocionado a la población de Formosa, José Guillermo Silva, intendente de la localidad de Tres Lagunas, fue detenido en las rutas de la provincia tras ser sorprendido con 1.42 gramos de alcohol en sangre y por un presunto caso de violencia de género. La detención, llevada a cabo por Gendarmería Nacional en la ruta 12, se complicó aún más cuando Silva agredió físicamente a una gendarme que intentó intervenir en la situación.
El hecho ocurrió en la zona de Boquerón, en un contexto donde la violencia y el consumo de alcohol por parte de funcionarios públicos han empezado a ser motivo de preocupación entre los ciudadanos. Para discutir esta situación, la diputada Gabriela Neme, representante de Formosa, ofreció su perspectiva sobre el caso en una entrevista con medios locales, señalando que este no es un incidente aislado, ya que Silva había sido detenido anteriormente en 2015 bajo circunstancias similares.
Neme enfatizó la falta de confianza de la población en las instituciones y la justicia local, afirmando que “los funcionarios se comportan como parte de una casta privilegiada que evade la aplicación de la ley”. A su juicio, la situación actual deja en evidencia un patrón de impunidad que afecta a Formosa, donde la justicia parece no actuar contra los altos funcionarios.
La diputada también apeló a la intervención de la justicia federal, sugiriendo que estos casos de delitos cometidos por funcionarios deberían ser investigados a fondo y condenados adecuadamente. “Un intendente no puede conducir alcoholizado y dar un mal ejemplo a la sociedad”, declaró, y agregó que el ambiente de impunidad en la provincia necesita ser abordado urgentemente.
Por su parte, el hecho ha generado una gran reacción política en Formosa, donde los ciudadanos exigen medidas concretas y acciones por parte del gobierno provincial. La situación ha sido ampliamente discutida en redes sociales, donde la demanda de justicia y rendición de cuentas cobra cada vez más fuerza.
Este incidente resalta la compleja relación entre la política y la justicia en Formosa, y plantea preguntas fundamentales sobre la integridad de los funcionarios públicos y la confianza de los ciudadanos en la democracia. Las repercusiones continuarán mientras la comunidad observa atentamente cómo se desarrolla el caso de José Guillermo Silva.
