Cambiaron la acusación que había hecho el juez Ercolini. Creen que su delito fue entablar negociaciones incompatibles con su función al comprar un edificio para la Procuración.
Por primera vez una ex Procuradora General de la Nación quedó cerca del juicio oral y público. Procesada el año pasado por el juez Julián Ercolini, la Cámara federal porteña confirmó el procesamiento, aunque impuso modificaciones a la acusación.
El delito atribuido a Alejandra Gils Carbó fue ser coautora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por la compra de un edificio en la calle Perón al 600, para que funcionen las oficinas de la Procuración. Por el inmueble se pagaron 43 millones de pesos y se abonaron comisiones que rondaron los 10,7 millones de pesos. Sin embargo, los camaristas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens la encontraron responsable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
El objetivo de la operación, según la Justicia, fue dar “apariencia de legitimidad” a un proceso administrativo, “con personas insertadas con calidad simulada, con otras interpuestas para apariencia de empresa o negociación”, señaló el juez Ercolini cuando la procesó. En consecuencia, todo el proceso administrativo fue considerado como “una farsa”.
En este contexto, los imputados -entre ellos Gils Carbó- se valieron de “formas engañosas orientadas a hacer aparecer como legítima la licitación pública que llevó a la adquisición del inmueble”, pero que para la Justicia estuvo decidido de “antemano” para favorecer a quienes intervinieron en el millonario proceso.
Por ello, Ercolini procesó como principales responsables a la Procuradora y al subdirector Guillermo Bellingi. La Sala I de la Cámara indicó que el comportamiento responde a una práctica que choca con sus funciones públicas.
Al respecto, el fallo de los camaristas indicó: “”Recién hoy se reconoce abiertamente que la licitación de 2012 no iba progresar de modo favorable. No se habría tratado entonces de una cuestión de tiempos, sino de preferencias. La procuradora requería de un edificio que cubriese otras expectativas. Se reclamaba que se tratase de un edificio de uso exclusivo, que contará con cocheras, un recinto para reuniones, incluso, una bóveda. Todos estos serán aspectos novedosos, que escapaban de los requerimientos de las tres licitaciones anteriores y, también, de las mismas necesidades de las áreas de la Procuración que, en un comienzo, ahí se iban instalar “.
En este sentido, reforzaron un planteo del juez Ercolini donde señaló que “carecía de todo asidero la necesidad de exclusividad del edificio o de la imperiosa identificación de su fachada cuando no iba a albergar dependencias en las cuales funcionarían fiscalías con asidua concurrencia pública-testigos e imputados-, sino solo áreas administrativas de la Procuración”.
Por ello, indicaron Bruglia y Llorens que ese mismo uso del edificio, “también impedía comprender la demanda de un espacio de custodia de tamaña seguridad, como lo es un tesoro y que, justamente, la casualidad del destino hizo que el edificio de Perón 667 si detentara, pues había sido aprobado para funcionar como entidad bancaria por el Banco Central de la República Argentina”.
Fuente: clarin.com
