Uno de los abogados detenidos el martes habría negociado su libertad a cambio de brindar información por la mega causa Sapucay.
“Extraoficialmente se supo que uno de los seis abogados detenidos habría negociados su libertad a cambio de información “, aseveró el periodista Marcelo Burchirsky que sigue las causas de narcotráfico en nuestra provincia.
Uno de los detenidos vinculados al Juzgado Federal Nº1 de Corrientes, acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas para garantizar impunidad a narcotraficantes en esa esfera judicial , “habría negociado su libertad a cambio de información, razón por lo cual habría declarado como testigo de identidad reservada”.
“El arrepentido”, habría comentado detalles “de cómo eran las operaciones de narcotráfico y los vínculos que existían con los funcionarios públicos, donde habrían funcionarios judiciales, políticos y efectivos de las fuerzas de seguridad nacionales y locales”.
La Justicia porteña ordenó la detención e indagatoria del juez federal Nº1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila y arrestó a dos de sus secretarios y cuatro abogados, acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas para garantizar impunidad a narcotraficantes.
Las medidas fueron dispuestas por el juez federal Sergio Torres, quien llamó a indagatoria a su par Soto Dávila (72) para el lunes, aunque el magistrado continuará libre por el momento porque tiene fueros.
Los arrestos concretados el martes por la mañana en nuestra ciudad y el Chaco fueron los de los secretarios del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes, Pablo Molina y Federico Grau, y de los abogados Gregorio Giménez, Tomás Viglione, Jorge Vallejos y Duylio Barboza, que se suman al del letrado Omar Antonio Serial, detenido en esta causa desde marzo de 2017.
Esta investigación está vinculada a otra causa de narcotráfico por la que está detenido hace meses el intendente de Itatí Natividad Terán y su vice Fabio Aquino, además de gendarmes, policías federales y provinciales, en un caso que va camino al juicio oral.
El modus operandi que se investiga era el siguiente: los narcos ingresaban marihuana desde Paraguay por balsas en el río Paraná y, una vez en Corrientes, la distribuían a Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.
Soto Dávila quedó comprometido en la causa a partir de la declaración de uno de los arrepentidos, que confesó que le pagaba grandes sumas de plata para ser encubierto, sumado a escuchas telefónicas de su entorno que lo involucraron.
Se investigan al menos una decena de pagos de coimas al magistrado, a cambio de protección.
La acusación concreta sobre el magistrado es de dictar resoluciones favorables a los narcos, entre ellas, vinculadas a alivianar la acusación o bien otorgarles la libertad de forma muy controvertida.
Al ser juez, Soto Dávila posee fueros y no puede ser detenido, aunque sí indagado. En función de ello se comunicó la decisión y se puso al tanto de la acusación al Consejo de la Magistratura de la Nación, para que se proceda a su desafuero. El Alto Cuerpo comenzó el proceso para llevar adelante esta medida.
