“Los desaparecidos no están ni vivos ni muertos: están desaparecidos”. La frase, asociada a los procesos de memoria en América Latina, resume con crudeza por qué la confirmación del caso Bernarda Vera Contardo tiene un impacto histórico que excede lo judicial. La Justicia de Chile estableció este lunes, con una probabilidad superior al 99,99%, que la profesora residente desde hace años en Miramar es la misma persona que figuraba en los registros oficiales chilenos como víctima de desaparición forzada durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Álvaro Mesa Latorre, ministro para causas de Derechos Humanos del Poder Judicial de Chile, informó el resultado del estudio a los familiares y dispuso el secreto de sumario en el expediente. Según la resolución, las pruebas biológicas arrojaron una coincidencia genética superior al 99,9999% con la docente, cuyo nombre permanecía desde hacía más de cinco décadas en los listados oficiales de personas desaparecidas durante el régimen militar.

El expediente volvió a tomar impulso en septiembre de 2025, cuando un informe de la señal Chilevisión ubicó a una mujer que vivía en las cercanías de Miramar y utilizaba documentación argentina con fecha de nacimiento del 4 de febrero de 1949. Ese dato coincidía en día y mes con el registro de Vera Contardo, aunque mostraba una diferencia de tres años respecto del año de nacimiento consignado en Chile, 1946.

De acuerdo con los antecedentes oficiales, la docente y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria había sido vista por última vez en octubre de 1973 en la comuna de Panguipulli, en el contexto de la llamada masacre de Liquiñe, donde obreros y campesinos fueron detenidos, asesinados o desaparecidos tras el golpe de Estado. Distintos informes institucionales la consideraban desaparecida luego de un operativo militar en la zona sur del país, motivo por el cual fue incorporada a los registros de víctimas de desaparición forzada.

La investigación judicial posterior permitió reconstruir que Vera Contardo habría cruzado la cordillera hacia la Argentina junto con otras personas perseguidas políticamente. Según documentación incorporada a la causa, la familia del militante sueco Svante Grände declaró haberla recibido en Suecia en 1978 junto con su esposo y su hijo.

Los registros de la Dirección de Migraciones sueca señalan que ese mismo año obtuvo visado y residencia, que recibió documentación oficial en 1984 y que en 1999 salió de Suecia con destino a la Argentina. Ese derrotero, ahora verificado en sede judicial, expone la complejidad de las trayectorias del exilio latinoamericano durante los años de represión, cuando miles de sobrevivientes atravesaron fronteras con identidades fragmentadas, papeles inconsistentes o silencios impuestos por el terror estatal.

El Plan Nacional de Búsqueda chileno

Este proceso judicial se inscribe en el Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el expresidente de Chile Gabriel Boric. La iniciativa busca reconstruir las trayectorias y esclarecer el destino final de 1469 personas víctimas de desaparición forzada —1092 detenidos desaparecidos y 377 ejecutados cuyos cuerpos nunca fueron entregados— durante la dictadura militar.

El régimen de Augusto Pinochet, instaurado el 11 de septiembre de 1973 tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende, dejó más de 40.000 víctimas entre ejecutados, desaparecidos, torturados y detenidos. Hasta la firma del decreto estatal, los organismos oficiales contabilizaban que 317 personas habían sido encontradas.

Análisis y proyecciones: la confirmación de un caso como el de Bernarda Vera suele tener efectos jurídicos, políticos y simbólicos de largo alcance. En términos de derechos humanos, refuerza la centralidad de los trabajos forenses, la revisión documental y la cooperación internacional para reconstruir identidades y trayectorias truncadas. También puede reactivar debates sobre la actualización de registros oficiales, la reparación a familiares y la obligación estatal de seguir investigando incluso décadas después de los hechos. En Chile, la política de memoria ha avanzado desde los informes históricos y las exhumaciones hacia mecanismos más activos de búsqueda, y este caso muestra que todavía persisten zonas grises sobre el destino de víctimas que durante años se consideraron definitivamente desaparecidas.

Evolución reciente del tema: en los últimos años, la discusión sobre verdad y memoria en Chile se desplazó desde la mera conmemoración hacia políticas públicas de búsqueda y esclarecimiento. El Plan Nacional de Búsqueda representa ese cambio de enfoque: ya no se trata solo de preservar el recuerdo de las víctimas, sino de reconstruir sus rutas, verificar identidades y cruzar fuentes de distintos países. En paralelo, la cooperación transnacional y el uso de pruebas genéticas se volvieron herramientas decisivas para revisar casos antiguos. La confirmación de Vera Contardo, además, tensiona la narrativa tradicional sobre los desaparecidos, porque obliga a distinguir entre la desaparición registrada en dictadura y los recorridos posteriores de sobrevivencia, exilio y eventual radicación fuera de Chile.