“La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”, la frase atribuida a Milton Friedman volvió a aparecer en el centro del debate argentino cuando Javier Milei la usó para defender la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Pero, apenas un día después, el propio Gobierno recurrió a herramientas muy conocidas de la política económica local: diferir impuestos, sostener subsidios y dosificar aumentos regulados para tratar de ganar aire frente al impacto de agosto.

La estrategia tuvo dos movimientos simultáneos. Por un lado, volvió a postergar parte de la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), una decisión que ya se repitió en buena parte de la gestión para evitar que el ajuste llegue completo al surtidor. Por el otro, prorrogó las bonificaciones extraordinarias para usuarios subsidiados de gas y electricidad, con el objetivo de amortiguar el salto de las tarifas. Ambas medidas quedaron oficializadas este jueves en el Boletín Oficial.

El contraste entre el discurso y la práctica no es menor. Mientras el oficialismo sostiene que la inflación depende centralmente de la emisión y de la cantidad de dinero, la administración sigue interviniendo sobre precios regulados que tienen un peso directo en el índice de precios al consumidor. En la economía argentina, combustibles y energía funcionan como una especie de caja de resonancia: cada ajuste impacta sobre transporte, logística, producción y, finalmente, consumo.

En ese marco, la Secretaría de Energía informó un aumento promedio de 2,99% para el gas en todo el país y de 1,8% para la electricidad en el AMBA, mientras que en el resto de las jurisdicciones el porcentaje dependerá de lo que disponga cada ente regulador provincial. La medición oficial, sin embargo, no termina de reflejar el efecto completo de las nuevas resoluciones sobre las facturas.

En electricidad, por ejemplo, un usuario residencial medio de Edenor sin subsidios verá una suba cercana al 2%, mientras que en algunos segmentos comerciales el incremento supera el 3%. En gas ocurre algo parecido. En Metrogas, las distintas categorías residenciales registran aumentos que oscilan entre 3,9% y 4,8%, por encima del promedio difundido oficialmente. La diferencia suele explicarse por la composición final de la factura, donde confluyen costo mayorista, transporte, distribución, impuestos y otros cargos.

El mayorista sigue siendo la clave. El aumento del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) no se traslada de manera lineal al usuario, pero sí empuja hacia arriba el valor final que pagan hogares y comercios. Esa presión se mantiene aun con las bonificaciones vigentes, porque el alivio sobre el bolsillo no elimina la recomposición de costos que viene detrás.

En los despachos oficiales admiten que sostener esas bonificaciones busca evitar un salto brusco en las boletas durante el invierno, una estación especialmente sensible por el consumo de gas y el gasto en calefacción. Un funcionario del área energética reconoció, en reserva, que el criterio sigue siendo “administrar la velocidad de los aumentos” para no sumar presión sobre la inflación mensual.

La lógica de fondo remite a una tensión histórica de la política económica argentina: cada vez que el Estado intentó una corrección fuerte de precios regulados, el traslado a inflación fue inmediato y políticamente costoso; cuando eligió congelar o suavizar, el costo se pospuso y reapareció más adelante. Desde la experiencia de los años de controles, subsidios crecientes y segmentación tarifaria, la discusión sobre cuánto y cómo recomponer precios de energía vuelve una y otra vez al mismo punto: evitar el shock, aun sabiendo que el sendero de ajuste sigue en marcha.

Análisis y proyecciones: la decisión oficial apunta a ganar tiempo en un frente que puede golpear rápido el índice de precios y el humor social. Si el Gobierno logra desacelerar la inflación mensual, tendrá más margen para sostener su relato monetarista; si, en cambio, las tarifas y los combustibles reavivan la dinámica de costos, la administración enfrentará la misma paradoja que ya padecieron gestiones anteriores: intentar ordenar la macro sin desanclar las correcciones pendientes. En el corto plazo, el efecto más probable es un alivio parcial en el IPC, pero con el riesgo de que el ajuste acumulado termine concentrándose más adelante.

La evolución reciente del tema muestra, además, un cambio de postura en los actores principales. Durante los primeros meses de gestión, el Ejecutivo avanzó con un fuerte reordenamiento de precios relativos y reducción de subsidios, pero luego empezó a administrar con mayor cuidado la velocidad de las actualizaciones. Del otro lado, usuarios residenciales y sectores comerciales pasaron de enfrentar saltos fuertes y simultáneos a convivir con una secuencia de aumentos más graduales, aunque persistentes. Así, la política energética se movió desde la corrección abrupta hacia una secuencia de microajustes, una fórmula que busca compatibilizar disciplina fiscal, control inflacionario y menor conflictividad social.

En definitiva, agosto llegará con nuevas subas en las boletas de gas y electricidad. Serán menores que las que hubieran resultado sin la prórroga de las bonificaciones y sin postergar la actualización plena del ICL, pero aumentos al fin. Incluso cuando el Gobierno insiste en que la inflación tiene una sola explicación, la realidad vuelve a mostrar que los precios regulados siguen siendo una pieza central del tablero económico.