Este martes se realizó la primera audiencia de la causa en la que el empresario es uno de los 25 imputados. La próxima será el 7 de noviembre.
Lázaro Báez y su hijo Martín, en el inicio del juicio por la Ruta del dinero K. A su derecha, Daniel Pérez Gadín. (David Fernández)
Por primera vez, Lázaro Báez y sus cuatro hijos, Luciana, Martín, Leandro y Melina, debieron sentarse en el banquillo de los acusados. El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), presidido por Néstor Costabel, dio inicio formal este martes al juicio por la Ruta del Dinero K en el que, además del empresario, hay una veintena de acusados, entre ellos Leonardo Fariña, Federico Elaskar y Fabián Rossi, entre otros. Todos están imputados por ser parte de una estructura societaria financiera, que entre 2010 y 2013 lavaron 60 millones de dólares.
La primera audiencia comenzó a las 9:30 y culminó cerca de las 14, aunque en el medio hubo dos intervalos. La próxima reunión fue fijada para el miércoles 7 de noviembre a las 9:30, también en Comodoro Py.
El abogado de Báez, Víctor Hortel, ex titular del Servicio Penitenciario y fundador de la agrupación kirchnerista “Vatayón Militante”, volvió a pedir la suspensión de esta instancia oral e insistió en la recusación del cuarto juez del Tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu.
Entre otras cosas, la defensa de Báez se quejó por la unificación de las querellas, es decir la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA). Los argumentos se basaron en la falta de citación de personas jurídicas para la instancia del juicio ya que, planteó la defensa, la nueva ley de responsabilidad penal empresaria contempla a las empresas como pasibles de sanción ya que el lavado no se circunscribe sólo a las personas sino también a las firmas involucradas.
El empresario ingresó minutos antes de las 9:30 a la sala de audiencia vestido con un jean y una campera naranja. A su lado se sentó su hijo Martín, mientras que sus otros tres hijos se ubicaron una fila por detrás. A pocos metros de Báez, a su derecha, se encuentran Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco, los únicos tres detenidos en la causa.
El fallo que dejó preso al empresario K
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Antes del inicio de la primera audiencia, Lázaro Báez intercambió algunas palabras con Martín sentado a su lado, el más complicado de sus hijos ante la Justicia. Sólo una silla vacía lo separa al empresario K de su entonces contador Pérez Gadín. Apenas ingresaron a la cárcel en 2016, Báez pidió no compartir pabellón con él.
Cuando inició la lectura de los nombres de los acusados, el primero que se escuchó fue el de Lázaro y a continuación, sus hijos tuvieron que levantar la mano para ser identificados, todo a pocos metros de su padre.
Rápidamente, el Tribunal llamó a un cuarto intermedio a la espera de la llegada de un imputado y un abogado defensor. En ese momento, Luciana, Leandro y Melina Báez se acercaron a su padre a saludarlo. Lázaro se mostró tranquilo y distendido en el inicio del juicio.
Cerca de las 11:30, después de más de una hora de lectura de las acusaciones, se escuchó en la sala el nombre de Cristina Kirchner. Fue cuando se leyó cuál fue el delito precedente de las maniobras de blanqueo. Allí se recordó que la Justicia determinó que los fondos que recibió el empresario K por parte del Estado, en concepto de obra pública, fueron direccionados a la estructura de lavado.
Será justamente la asociación ilícita vinculada a la obra pública vial el segundo juicio que el 26 de febrero enfrentará Báez con una particularidad: estará junto a la ex Presidenta, acusada de ser jefa de la “organización criminal”.
Apenas pasado el mediodía, se concluyó la lectura de todos los cargos que enfrentan los acusados y, tras un cuarto intermedio de 15 minutos, comenzarán las distintas declaraciones.
Marcados por las internas y enfrentamientos para deslindarse de las responsabilidades atribuidas de haber participado con diferentes roles en el lavado de activos, todos los acusados en el expediente se reunieron por primera vez en la sala de audiencias.
Sin Cristina Kirchner, que se encuentra imputada e indagada por orden de la Sala II de la Cámara federal porteña, se trata de uno de los juicios por lavado de dinero más importantes que se desarrolló en la Justicia federal. Por esta causa, Báez se encuentra detenido desde el 6 de abril de 2016.
La cantidad de acusados planteó un desafío para el Tribunal por los escasos recursos con los que se cuenta: sólo 14 micrófonos, espacio acotado, poca tecnología para reproducir la prueba documental -un eje en el expediente-, entre otros problemas que debieron sortearse para dar inicio al juicio.
El TOF 4 está integrado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Íñiguez y Adriana Palliotti, que juzgarán a Lázaro Báez y otros 24 acusados. Se estima que el juicio podría tardar un año. El listado de testigos se cerró inicialmente en 91 personas.
Entre el pedido de la fiscalía y las querellas Oficina Anticorrupción (OA) y Unidad de Información Financiera (UIF), sumaban 1.200 las personas propuestas para declarar. El TOF 4 aceptó para el arranque sólo este grupo, pero dejó a consideración otro extenso listado para cuando el juicio ya esté en curso.
La causa
El delito atribuido a todos los que integraron la estructura de blanqueo, en este “procesamiento conglobante”, fue “integrar una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad”.
El juez Sebastián Casanello, que instruyó la causa, tuvo en cuenta el “atesoramiento de fondos en Suiza”. Hasta entonces, el empresario K había sido procesado por la exteriorización de dinero y su reingreso al país. La última acusación fue por haber lavado 60 millones de dólares.
Durante el período investigado, según el fiscal Guillermo Marijuan, el patrimonio de Báez se incrementó sustancialmente: hoy suma más de 420 propiedades por un valor de 2.547 millones de pesos.
Cuando el procesamiento fue confirmado por la Sala II de la Cámara Federal porteña, se consignó que quedó “comprobado el delito de lavado de dinero” en el expediente, a través de la estructura de “sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitieron el blanqueo de por lo menos unos sesenta millones de dólares”.
Con esa maniobra, los acusados “lograron esa finalidad a través de la adquisición de bienes por un valor de más de dos mil setecientos treinta y cuatro millones de pesos, equivalentes a unos ciento ochenta y seis millones de dólares”.
Lázaro Báez que en 2013 declaró un patrimonio de 66 millones de pesos, llega a este juicio con bienes tasados oficialmente en 250 millones de dólares y un extenso listado de 1.412 bienes.
Este expediente está vinculado a la investigación por la corrupción en la obra pública donde se planteó que Cristina Kirchner favoreció a Báez con 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos. La Sala II de la Cámara federal porteña determinó que esos flujos millonarios de fondos que recibió el Grupo Austral son el “delito precedente” del lavado, pues parte de ese dinero se volcó al blanqueo ilegal.
La urgencia del Tribunal en dar comienzo a este juicio responde, en parte, a que hay tres personas detenidas: Báez, su contador Daniel Pérez Gadín y su abogado Jorge Chueco. Los tres están presos desde abril de 2016, y su prisión preventiva fue extendida a la espera de que comience el juicio.
Casanello ya indagó a la ex Presidenta en este expediente, imputada como coautora de lavado de dinero. La Sala II ordenó su indagatoria partiendo de la base de que el dinero blanqueado por Báez proviene, en parte, de los contratos financiados por el Estado. Pero además porque se indica que el crecimiento patrimonial del empresario K durante estos años (del 1.200%) no respondería exclusivamente a sus bienes, sino que podría haber oficiado como un “prestanombre” de la familia Kirchner.
En caso de terminar procesada y que la acusación sea confirmada por la Cámara, se elevaría a juicio oral a Cristina Kirchner en “la ruta del dinero K”. Entonces, el TOF 4 evaluará si la incorporará al juicio en curso o si se realizará otro juicio, que la tendría como principal acusada a la senadora de Unidad Ciudadana.
El Tribunal que juzgará a Báez es el mismo (con la integración original que incluye a Bertuzzi) que condenó a Amado Boudou a cinco años y diez meses de prisión por cohecho y negociaciones incompatibles en el juicio por la compra venta de la ex cartográfica Ciccone y la semana pasada dictaron sentencia contra Julio De Vido en el juicio por la Tragedia de Once. Lo encontraron culpable de haber defraudado al Estado y le dieron 5 años y 8 meses de prisión.
CLARIN
