En medio de las tensiones económicas que obligaron al gobierno de Mauricio Macri a buscar un acuerdo con el FMI, la oposición en Diputados no cambió sus planes: pisó fuerte el acelerador para darle media sanción este miércoles a la noche a un proyecto que pone límites a los aumentos de luz, gas y aguas, aplicados por el Gobierno para bajar subsidios y reducir el déficit fiscal.
“La gente no puede pagar las facturas”, fue el argumento más escuchado durante una extensa y caliente sesión en Diputados. “Un proyecto demágógico que nos lleva al pasado”, fue la réplica de Cambiemos, que reiteró el destino de veto presidencial.
La iniciativa presentada por el peronismo federal y el massismo, apoyada por el kirchnerismo, la izquierda y bancadas más chicas recibió 133 votos a favor, en tanto que fue rechazado por 94 diputados de Cambiemos (llamativamente el oficialismo tuvo 12 ausencias, en tanto que su aliado Alfredo Olmedo apoyó el proyecto opositor). Además, se registraron 3 abstenciones, del bloque Evolución Radical, de Martín Lousteau. En el Senado, el jefe del PJ, Miguel Pichetto anticipó que buscarán apurar la sanción.
Los apuros que pasa el Gobierno de Macri que decidió volver al FMI en busca de financiamiento, ante la disparada del dólar y la fuga de capitales, no alteró la ofensiva opositora. “No somos desestabilizadores, golpistas ni demagogos”, sostuvo el justicialista pampeano Sergio Ziliotto, informante del proyecto como titular de la comisión cabecera, Obras Públicas. Ziliotto salió así al cruce del principal cuestionamiento desde Cambiemos, el costo fiscal del proyecto y el supuesto jaque a la gobernabilidad. “Estamos buscando encontrar una salida racional a un problema que tenemos los argentinos”, afirmó.
“El Gobierno se cierra más en sí mismo y deslinda responsabilidades en lugar de llamarnos al diálogo”, completó Diego Bossio, coautor del proyecto junto al massista Marco Lavagna.
El Gobierno rechaza la iniciativa antitarifas por calcular un costo fiscal de más de 100 mil millones de pesos. Bossio sostuvo en cambio que era la cuarta parte (26.250 millones de pesos). Ya borrada la rebaja del IVA que proponía el dictamen original (para lograr mayor consenso con las provincias), ayer se siguieron haciendo retoques durante la tarde. Para bajar más costos, se dejó fuera de los beneficios a los usuarios de consumos más altos.
También justificó la potestad del Congreso en legislar tarifas, un punto cuestionado por Cambiemos y también por un lote de gobernadores peronistas cuyos diputados, sin embargo, avanzaron con este proyecto, según el oficialismo en un “doble juego”.
En un largo discurso, la jefa de la bancada del Frente Renovador, Graciela Camaño, apuntó a los “negociados” en la renegociación de contratos con las empresas de servicios y afirmó que el Gobierno se puso “en el espejo retrovisor, argumentó de manera desmesurada los errores del pasado, mientras cometía errores mucho más importantes”.
