Colonia Carlos Pellegrini, la puerta de acceso a los majestuosos Esteros del Iberá en la provincia de Corrientes, ha perdido la tranquilidad empañada por una cruda batalla legal por la titularidad de la tierra, que culminó en un fallo judicial que podría redefinir la existencia misma de la comunidad y sitio estratégico de la industria del turismo a escala internacional.
La disputa, que se extendió por más de una década, enfrentó a cientos de familias y a la propia Municipalidad contra los herederos de una antigua escritura, y alcanzó su punto crítico con una sentencia del máximo tribunal provincial, ratificada por la instancia superior nacional. El resultado es un drama social y legal que pone de relieve la vulnerabilidad de las posesiones sin título y la necesidad urgente de la intervención estatal para evitar una catástrofe humanitaria y económica en uno de los principales destinos turísticos de Argentina.
La controversia se centra en aproximadamente 160 a 182 lotes, lo que constituye casi la totalidad del ejido urbano del pueblo. Aquí conviven pobladores que han vivido en el lugar durante décadas, incluso por varias generaciones, junto a cabañeros y emprendedores turísticos que invirtieron sus ahorros, además de los espacios públicos esenciales como la plaza central y las dependencias municipales.
Todos ellos se encontraron de pronto bajo la sombra de un reclamo de propiedad esgrimido por los herederos de la familia Sniechowski. La historia de esta contienda legal se remonta a los años ‘70, cuando el empresario misionero Roberto Sniechowski habría adquirido las propiedades en cuestión de los herederos de la familia Torrent. A pesar de la transacción documentada, la titularidad no se perfeccionó por completo en aquel momento, dejando un vacío legal que, con el paso de las décadas y el crecimiento informal del pueblo, se convirtió en un polvorín.
El conflicto se reactivó formalmente hace unos 12 años, cuando los herederos de Sniechowski iniciaron acciones judiciales para obtener la escrituración definitiva de las tierras, basándose en la documentación legal que avalaba la compra original. Los pobladores, por su parte, argumentaban su derecho basado en la prescripción veinteañal (usucapión), es decir, la posesión pacífica, pública e ininterrumpida de las tierras por más de dos décadas, un mecanismo legal contemplado en el Derecho argentino. La clave del litigio no solo residió en la titularidad histórica, sino en la capacidad de los ocupantes para defender sus derechos dentro del marco procesal.
Este punto fue crucial y, según se deslizó en el ámbito judicial, se produjo un “insólito error” por parte de la representación legal de los residentes o el Municipio en instancias críticas, como la omisión de presentar un escrito clave. Este error podría sellar el destino judicial del caso, permitiendo que la balanza se inclinara definitivamente hacia el lado de los propietarios registrales. Con la Sentencia N.º 91/24 del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes, que reconoció por unanimidad a los herederos Sniechowski como los legítimos propietarios de los 160 lotes en disputa. El fallo dejó sin efecto una resolución previa de la Cámara de Apelaciones de Goya y reivindicó lo dictaminado por un juez de primera instancia, estableciendo que los pobladores y el Municipio carecían de legitimación activa en el proceso principal, ya que el único camino para que se reconociera su derecho era a través de juicios de usucapión individuales.
La situación se consolidó cuando el recurso extraordinario interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) fue rechazado. Aunque la sentencia final provino del ámbito provincial, el rechazo en la máxima instancia nacional cerró definitivamente la puerta judicial, dando por terminada la contienda legal y ratificando que la propiedad de gran parte de Colonia Carlos Pellegrini pertenece a los Sniechowski. Ante este escenario de crisis, la respuesta política no se hizo esperar. El gobierno de Corrientes impulsó un proyecto de Ley de Expropiación que cuenta con media sanción -dictada por Diputados en junio de 2025- y debe ser aprobada por el Senado. La intervención estatal expropiacionista es -dicen las fuentes consultadas- la única alternativa en caso de que los Sniechowski reclamen el desalojo compulsivo de una de las poblaciones que más creció en la provincia y que además recientemente fue reconocida como uno de los lugares más lindos del mundo por la Organización de Naciones Unidades.