El cambio de ministro, de la cúpula directiva y de cargos de relevancia, marca la nueva política de organización policial, encarado desde la cartera de Seguridad.
La salida de Buenaventura Duarte, un funcionario que llegó a comandar la cartera de Seguridad con el antecedente de cumplir durante casi 20 años el cargo de fiscal de primera instancia, fue el puntapié inicial a este proceso de renovación en la política de la fuerza.
En 2009 la gestión del entonces ministerio de Gobierno y Justicia asumía el compromiso de dejar atrás años de uso político de la fuerza, en el que las designaciones de comisarios, oficiales y personal subalterno estaba en manos del poder político.
Surgió así, como medida central, el fortalecimiento en la formación. Fue entonces que se determinó la modificación del proceso educativo y se otorgó, a los años en la Escuela de Cadetes, que la culminación académica sea con un título terciario.
El proceso llevó varios años, y la llegada de un hombre vinculado muchos años a la justicia, como fiscal, hacía pensar que se podría avanzar de manera concreta en la labor policial en sintonía con las modificaciones que se aplicaron por la modificación del Código Procesal Penal.
La coyuntura, las urgencias de la comunidad atacada por la delincuencia cada vez más audaz, superaron a las decisiones adoptadas por la gestión Duarte, con el caso Loan como punto crítico. Fue la cuestión más grave que salió a la luz, con el comportamiento del comisario Walter Maciel como referencia.
Un comisario con procesos judiciales en curso, cuestionado por sus camaradas (casi la totalidad de los integrantes de la comisaria de 9 de Julio presentaron una nota de queja a la autoridad superior por malos tratos), y un comportamiento autoritario en la primera etapa de la causa Loan derivaron en su detención, como encubridor.
De investigador a acusado. En un solo paso.
Y la cabeza del ministerio se vio superada, en la mejor de las consideraciones, por la coyuntura.
Fue así que llegó lo esperado: la salida de Buenaventura Duarte, aquel fiscal que llegaba al ministerio por su experiencia en casos penales que no supo domar la situación. En una opinión superficial sobre su desempeño.
La decisión de designar a Alfredo Vallejos, de plena confianza de Valdes como ministro derivó en definiciones contundentes: la primera de ellas, el cambio en la conducción de la fuerza, y luego otras en marcha explicadas por el propio mandatario en la conferencia de prensa del viernes.
Valdés dijo que es menester contar con mayor control político dentro de las Juntas de Calificaciones de la Policía de Corrientes, donde hoy la política no participa.
“Tenemos que tener pleno conocimiento de aquellos policías que estén denunciados o que tengan algún tipo de manchas en sus legajos. Por lo tanto, Asuntos Internos de la Policía que hoy se encuentra adentro de la institución policial, va a tener dependencia directa y va a estar en la órbita del Ministerio de Seguridad para poder investigar todas las denuncias que estén hechas contra policías en actividad de la fuerza”, indicó.
Y luego agregó: “De manera que podamos saber quiénes y cómo ascienden y cuáles son sus antecedentes, para que nunca más tengamos al frente de una Comisaría un comisario que pueda ser sospechado o condenado en primera instancia, para preservar el principio de inocencia”.
En tanto, el Gobernador reconoció “esa responsabilidad institucional” y subrayó que, así como la fuerza policial tiene todo el respaldo del Estado, ante cualquier acto por fuera de la ley “los ponemos a disposición de la Justicia para que paguen el precio que indica la ley, la Constitución y su responsabilidad jurídica como hombres de la fuerza”.
Las medidas están en marcha, la ciudadanía sigue expectante.
