La ciudad de Paraná, capital de Entre Ríos, vivió durante casi siete días consecutivos la paralización total del transporte urbano de pasajeros. El conflicto se originó porque la Unión Tranviarios Automotor (UTA) inició un paro en rechazo al incumplimiento salarial de Buses Paraná -la Unión Transitoria de Empresas que administra el servicio en la ciudad, integrada por Ersa y Mariano Moreno SRL-.
Según informaron los distintos medios de esa capital, durante toda la semana esa ciudad estuvo sin colectivos urbanos, hasta que ayer tras el depósito del último 25% de los sueldos, se levantó la medida. El conflicto expuso nuevamente la estrategia que se aplica en diferentes puntos del país y que en Corrientes es demasiado conocida: utilizar a la UTA como herramienta de presión al demorar con el pago de sueldos de los choferes, incumplir con la escala salarial vigente y los aportes y trasladar la responsabilidad a los gobiernos locales.
La ecuación es conocida: tras la demora en los pagos, se produce la inmediata suspensión del servicio por parte del sindicato, los usuarios quedan rehenes del conflicto, y como telón de fondo, los reclamos por subsidios y necesidad de aumentos de boleto.
En la capital entrerriana, Buses Paraná sostuvo que los fondos municipales y provinciales eran insuficientes. El Municipio respondió con datos: transfirió 223 millones de pesos en subsidios, incluyendo el Boleto Estudiantil Gratuito Universal. En tanto, el gobierno provincial de Rogelio Frigerio replicó que también estaba al día con sus aportes y explicó que el cambio en la metodología de subsidios de kilómetro recorrido a boleto cortado, demoraba los tiempos de liquidación.
La intendenta Rosario Romero intimó a la UTE Buses Paraná a restituir el servicio y sostuvo que la concesionaria debía cumplir sus obligaciones contractuales hasta diciembre cuando deje el servicio.
En paralelo, la empresa Ersa reclamaba una adecuación tarifaria que rondaba los mil millones de pesos, cifra que el Municipio rechazó de plano. El secretario Legal y Administrativo, Pablo Testa, incluso recordó que la firma acumula multas por incumplimientos por casi 2.000 millones de pesos.
Vale destacar que más allá de este conflicto, el Municipio ya resolvió su salida: desde el 7 de diciembre, el servicio pasará a manos de Transporte San José SA y Kenia SA, firmas misioneras que ganaron la licitación.
El nuevo sistema, diseñado bajo la lógica de la “motosierra libertaria”, funcionará sin subsidios nacionales y con mínimos aportes provinciales. La intendenta Romero insiste en la necesidad de sostener un transporte subvencionado por el Estado, pero el escenario político actual la deja con pocas herramientas.
Ese traspaso marca una diferencia sustancial con Corrientes, donde esta histórica firma de capitales correntinos sigue operando con buena parte de las líneas urbanas pese a acumular conflictos similares. En Entre Ríos, la empresa se despide en medio de sanciones y deudas millonarias; en Corrientes, en cambio, continúa con poder de fuego y mantiene la concesión bajo el mismo esquema.
Este conflicto de Paraná no sólo desnuda el colapso de un esquema de financiamiento con subsidios insuficientes, sino que también muestra cómo las empresas concesionarias aprovechan ese desorden para condicionar a la política y trasladar el costo a los ciudadanos.
