El caso de la niña tucumana de 11 años embarazada por una violación que durante un mes no tuvo acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y fue obligada a parir, será presentado ante la CIDH como experiencia “testigo” del incumplimiento de las obligaciones del Estado, informaron hoy las organizaciones que realizarán la presentación,
El caso será expuesto este viernes por cinco organizaciones que luchan por los derechos de la infancia en la Argentina durante una audiencia en la que denunciarán “los obstáculos que enfrentan las niñas y las adolescentes víctimas de violencia sexual para acceder a la interrupción legal del embarazo en el país”.
Ellas son el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia; el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (Casacidn) y las coaliciones nacionales integrantes de la Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Redlamyc); abogados del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales (Andhes); y el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Argentina (Cladem).
“La desatención de la salud y la vulneración de los derechos de las niñas y adolescentes es una situación que se repite en todos los países de la región”, destacaron las organizaciones en un comunicado.
Y agregaron: “Por eso participan del pedido de audiencia y de esta denuncia redes de América Central (El Salvador y Guatemala) y Redes de América del Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay), donde con ligeras variantes esta violación de derechos se repite”.
Indicaron además que anualmente en la Argentina “entre 2.500 y 3.000 niñas menores 15 años dan a luz. Embarazos a tan temprana edad presuponen abusos hacia esas niñas, por lo que se perpetúa una clara violación hacia sus derechos humanos y hacia su integridad”.
Puntualmente, alegarán ante la CIDH que el Estado “vulnera el inciso 2 artículo 86 del Código Penal que establece las excepciones para la penalización del aborto y que incumple lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL en relación al aborto no punible”.
En este sentido, apuntarán a las provincias que, escudándose en el federalismo, no aplican el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo elaborado en el 2012 por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación.
