El abogado de Ayala, Ricardo Gil Lavedra, entre los fundamentos de la apelación indicaba que “no se explica cómo la libertad de la encausada resulta un obstáculo para el desarrollo de la investigación al no existir datos reales, concretos y objetivos como reseña (determinación de pruebas, nombres de testigos) que permitan razonablemente presumir un eventual entorpecimiento de la misma, siendo que tampoco se ha informado en las actuaciones alguna obstrucción previa en las medidas ya despachadas”.

 

Ayala sigue como "procesada" en la causa hasta que finalice la investigación y la posterior elevación a juicio, si correspondiere.