En un avance significativo en la investigación del caso Loan, la jueza a cargo ha dictado prisión preventiva para siete adultos acusados de estar involucrados en la sustracción y ocultamiento del niño, que desapareció en circunstancias todavía confusas durante un evento en el que participaron varios adultos y niños.
El corresponsal de la región, Daniel Bruno, proporcionó detalles sobre el auto de procesamiento. “La jueza ha decidido procesar a estos siete adultos por su participación en el caso. Los delitos imputados incluyen ocultamiento y sustracción de menores, así como amenazas en ciertos casos”, explicó Bruno. Entre los procesados se encuentran Ramírez, Millapi, Benítez, Laudelina Peña, Pérez, Caillaba y el comisario Maciel, quien también enfrenta imputaciones de encubrimiento.
En un contexto marcado por la incertidumbre, la jueza también ha ordenado embargos significativos, cercanos a los 10 millones de pesos, para los imputados, a excepción de Ramírez y Millapi, a quienes se les asignó una fianza de un millón de pesos cada uno. Sin embargo, Mapi recibió la concesión de arresto domiciliario, lo que ha generado especulaciones sobre su situación dentro del caso.
La situación se complica aún más con la próxima declaración de las testigos Macarena Peña y Camila Núñez, quienes tienen el potencial de convertirse en imputadas a medida que avanza la investigación. La jueza ha estado trabajando con un extenso dictamen que abarca más de 1700 páginas, en el que se detallan las pruebas y las implicaciones de todos los involucrados.
Bruno también hizo hincapié en el impacto emocional que esta situación puede tener en los detenidos, especialmente por la cercanía de las fiestas de fin de año. “La posibilidad de pasar las festividades en libertad es un factor significativo para quienes se encuentran en prisión”, comentó. Sin embargo, el analista judicial subrayó que el avance en ciertas pericias puede influir en el destino de los procesados.
El caso Loan ha captado la atención pública y ha estado rodeado de teorías y especulaciones, incluso sobre la posible implicación de actores políticos en los eventos que rodearon la desaparición del niño. Sin embargo, el último dictamen judicial parece descartar muchas de estas hipótesis, subrayando la necesidad de que la justicia se enfoque en la evidencia concreta del caso.
El camino hacia la justicia aún está lejos de terminar, y la comunidad sigue atenta a cada nuevo desarrollo en este caso que ha sacudido a la provincia de Corrientes.
