La decisión del Gobierno de intervenir la aceitera, que está en concurso de acreedores con una deuda de USD 1.350 millones, fue recibida con fuerte preocupación por gran parte de los empresarios.
La decisión de intervenir la aceitera Vicentin y enviar un proyecto de ley para expropiarla tomó por sorpresa a gran parte del mundo empresario y volvió a generar temor sobre lo que puede pasar con las compañías, en un contexto de crisis económica severa y muchísimos puestos de trabajo en riesgo.
Además, volvió a la memoria de los hombres de negocios la idea que esbozó semanas atrás la diputada oficialista Fernanda Vallejos, quien había planteado como una buena idea que el Estado haga cargo de empresas en crisis, como había sucedido en Europa y los Estados Unidos.
“Es muy preocupante. El Estado entra en un sector muy competitivo internacional que debe financiarse con bancos del mundo y debe competir con grandes empresas globales. Puede terminar muy mal. Además, sorprende porque había muchos compradores privados listos”, dijo un importante empresario de la industria aceitera.
La noticia generó sorpresa porque la compañía se encuentra en concurso de acreedores, con una deuda de USD 1.350 millones, por lo que se esperaba que el proceso judicial continúe su curso. “Estoy un poco confundido con respecto al procedimiento porque lo usual es seguir el camino judicial. Y esto traspasa ese camino. Creo que es un caso testigo con respecto a temas que van a pasar en el futuro con empresas que, por razones de pandemia u otra situación, pueden estar en situaciones similares con gran compromiso de la fuerza laboral”, afirmó el dueño de Aluar, Javier Madanes Quintanilla.
“No creo que los productores estén contentos con la noticia, porque no quieren que el Estado intervenga en los mercados. Debemos seguir reclamando por la transparencia del mercado de granos”, dijo Matías de Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).
Por su parte, Martín Cabrales consideró que es una empresa que venía en un estado muy crítico y que el gobierno piensa en las fuentes de trabajo. “Por ahora, es una intervención. Veremos cómo sigue el proceso. Espero que no marque una tendencia, sino que sea un hecho aislado”, remarcó el empresario productor de café.
Desde la industria frigorífica y miembro del comité ejecutivo de Copal, Gustavo Lazzari, afirmó que “este intento de estatización es una pésima señal para el momento de la economía, para la industria y para los mercados”. “Esto demuestra que es más fácil llegar al directorio de una compañía grande siendo militante político antes que ingeniero agrónomo. En momentos en que la economía necesita señales de retorno a la normalidad, estamos viendo señales de retorno al estatismo”. Y agregó: “Si por cada empresa endeudada y mal manejada vamos a estatizar, tendremos una fila enorme de empresas que puede caer en manos del Estado. Y el Estado es un pésimo administrador. Es un signo de retroceso”.
