El gobierno bonaerense no se sumará a la iniciativa impulsada por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich
Si hasta ayer evitó la confrontación directa con Mauricio Macri para no generar roces en Cambiemos, ahora la gobernadora María Eugenia Vidal decidió blanquear su rechazo al protocolo de las fuerzas federales de seguridad que habilita al uso de armas de fuego en casos de enfrentamiento con delincuentes que impuso la Casa Rosada y, así, instruyó a dos funcionarios bonaerenses de peso a salir a cuestionar la iniciativa nacional.
Vidal no hablará en público del tema porque ya es una decisión cerrada de su gestión de no suscribir la misma línea de Macri en relación al criterio de acción de la Policía bonaerense, según revelaron a Infobae desde la gobernación en La Plata.
En esta línea discursiva de diferenciación con la estrategia esgrimida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, expresó que “en momentos en que hay una polarización social y donde los valores tradicionales retrocedieron ante la aparición de la xenofobia y el antisemitismo, los líderes políticos deberían ser receptivos de los principios éticos y no dejarse llevar por las encuestas”.
A la vez, Cantón expresó en diálogo con Infobae que “el protocolo para las fuerzas de seguridad federales no respeta los principios esgrimidos desde Naciones Unidas, por lo que el uso de las armas de fuego queda diluido y resulta ser vago por lo que genera un peligroso antecedente para la ciudadanía”.
Más allá de que el secretario de Derechos Humanos planteó abiertamente que la provincia de Buenos Aires no necesita adherir al protocolo elaborado por Bullrich porque cuenta con una ley que regula el accionar de la Policía bonaerense, Cantón fue taxativo: “Da la impresión de que el protocolo planteado por la Nación es un riesgo para todos y se acerca más a lo que dicen las encuestas de opinión sobre la mano dura que a los principios éticos que deben guiar a una sociedad”.
Cantón elaboró un documento que le acercó a Vidal en las últimas horas donde cuestionó cada uno de los puntos del protocolo de las fuerzas federales y aconsejó no seguir el mismo camino.
Por otra parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, también salió a cuestionar la decisión de la Casa Rosada. “Desde el gobierno bonaerense consideramos que el policía tiene que tener todas las herramientas para hacer cumplir la ley, pero no todas las policías son iguales. En este caso el gobierno nacional considera que debía unificar el criterio de acción de las fuerzas federales y por ello instrumenta este nuevo reglamento para el empleo de armas de fuego”, dijo.
Ritondo también recomendó no sumarse al nuevo protocolo de Seguridad
Ritondo también recomendó no sumarse al nuevo protocolo de Seguridad
A la vez, Ritondo destacó ante Infobae que “es importante dar el debate y cuando sea el momento lo vamos a evaluar. Pero en el caso de la Provincia, desde el comienzo de la gestión, cuando encontramos una fuerza devastada, iniciamos un proceso de reforma profunda e integral prácticamente de cero, que nos encuentra hoy con una policía diferente”.
El ministro de Seguridad bonaerense recordó que en la provincia existe la Ley 13.482, que unifica las normas de organización de las policías, que en su artículo 13 incisos G e I, establece los principios básicos de actuación policial y “marca con claridad las pautas que deberá tener en cuenta el personal al momento de emplear la fuerza y armas de fuego”.
En este sentido, la norma establece que antes del uso del arma el agente deberá identificarse; sin perjuicio de ello, lo habilita a no hacerlo en caso de que esa advertencia ponga en riesgo su vida o la de terceros.
“Antes que redefinir su marco de actuación tenemos que culminar este camino. Cuando llegamos nos encontramos con muchos policías que nunca habían hecho una prueba de tiro y no tenían el equipamiento necesario para cuidarnos. Por eso reentrenamos a todo nuestro personal y realizamos más de 350 cursos de capacitación anuales, los equipamos con chalecos, camionetas blindadas y comunicación encriptada. Dijimos que nos importaba mucho más la calidad que la cantidad y lo estamos cumpliendo con una permanente profesionalización”, dijo Ritondo, que también aconsejó a Vidal no seguir la línea de la Casa Rosada en esta temática.
Para que no queden dudas de esta postura que tomó Vidal para la Policía bonaerense el ministro de Seguridad dejó en claro que “ahora no es el momento de aplicar un protocolo como el de la Nación ya que pretendemos seguir profundizando el camino que nos trazamos para tener la mejor policía”.
La postura de Bullrich
Desde la Casa Rosada dejaron trascender que el protocolo adoptado por las fuerzas federales se basó en el artículo 9 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.
Así, explicaron, esa declaración de Naciones Unidas “tiene el mismo objetivo que nuestro protocolo”. Es decir que, al entender del Ministerio de Seguridad de la Nación, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas “salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.
Además, aclararon que el protocolo prevé que los policías se identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso.
INFOBAE
