Preocupado por la repercusión nacional que tuvo la escandalosa detención de las concejales opositoras Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz, el gobierno de Gildo Insfrán salió a ofrecer su versión sobre el incidente en una conferencia de prensa anoche a las 21.30 desde la Casa de Gobierno.

Según el ministro de Gobierno y principal vocero del Comité para la Emergencia Covid-19, Jorge González, Neme estaba en la vereda de la Escuela Provincial N°18 que funciona como un centro de aislamiento, “golpeando las persianas, haciendo ruido y molestando a la gente que estaba guardando la cuarentena” y luego de “varias intimaciones de la policía de procedió a su detención”.

Los dichos de González contrastan con algunos videos que muestran a Neme hablándole a la policía en buenos términos -sin insultos ni gritos-, en el momento en que, entre cuatro agentes, la rodean, la toman por la fuerza y la llevan detenida y esposada hasta la Comisaría 1°.

Una vez en la Comisaría, a Neme le abrieron un sumario donde la acusaron de “instigación a cometer delitos, intimidación pública, atentado y resistencia contra la autoridad y violación del Código 205 del Código Penal (el que viole normas sanitarias que puedan propagar de una epidemia)”.

El funcionario explicó que más tarde llegó la concejal de la UCR Celeste Ruiz Díaz junto a otros “opositores” y terminaron también detenidos por los mismos motivos. González no se privó de calificar a toda la maniobra como “política en un año electoral”.

Opositora

La concejal Gabriela Neme, una peronista opositora a Gildo Insfrán, se transformó en una de las grandes contrafiguras del caudillo formoseño en tiempos de pandemia, gracias a su incesante defensa de los varados y las personas que fueron enviadas a hacer una cuarentena en centros que en algunos casos exhibieron condiciones deplorables de higiene, sin ventilación, ni heladeras para guardar bebidas o con baños poblados de insectos.

Neme consiguió que decenas de personas ingresaran a la provincia mediante recursos de amparo, eludiendo el férreo control que instauró Formosa y que motivó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó dejar ingresar a más de 8000 personas en esta condición en un lapso de 14 días hábiles.

Para el gobierno de Gildo Insfrán, inmediatamente Neme y otros abogados que realizaron presentaciones similares, así como el juez federal subrogante Fernando Carbajal (el magistrado que ordenó a Formosa dejar ingresar a esos varados) se transformaron en enemigos políticos al régimen que gobierna la provincia desde 1995.