El equipo económico y la CGT comparten el criterio de pasar de 45% de aumento a un rango cercano a 70% y dejar la última etapa de 2022 un tramo más de discusiones.
La negociación este lunes en el Consejo del Salario promete convertirse en un nuevo respaldo de la CGT al Gobierno y, eventualmente, el faro para las revisiones paritarias que se llevarán a cabo hasta fin de año. La central obrera irá al encuentro con empresarios con la expectativa de pautar una suba complementaria del 45% acordado en abril pasado pero menor al 90% de inflación pronosticado por las consultoras privadas.
Un esquema ideado por la “mesa chica” contempla un ajuste de unos 25 puntos extra, de modo tal de llevar a 70% el aumento y dejar una instancia más de debate abierta previa al fin de año. En otras palabras, alejar el fantasma de la nominalidad.
Se trata de una concesión sindical a la administración del Frente de Todos sin mayores costos para la CGT: el mayor peso de la variación del salario mínimo recae en el propio Gobierno por su traslado directo al valor de la asistencia a desocupados. El denominado “salario social complementario” que paga la mayor parte de los planes equivale a la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil que define el Consejo. En la actualidad el piso formal de ingresos, que rige sobre un universo estimado de 300 mil trabajadores no alcanzados por los convenios colectivos, es de 47.850 pesos para un asalariado ocupado a tiempo completo.
Cuánto subiría el Salario Mínimo
El razonamiento que comparten el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la cúpula de la CGT es que si la central debiera llevar a la reunión de hoy del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, un planteo ajustado a la evolución prevista de los precios el piso de sueldos tendría que subir a casi 63 mil pesos, o bien a $ 70 mil si la base de cálculo fuese el aumento de abril. Si bien esa cifra incluso está por debajo de los más de 100 mil pesos que le demanda a una familia la cobertura de una canasta básica de pobreza, los técnicos de Trabajo advierten que en su esencia el salario mínimo está destinado a dar satisfacción a esa necesidad pero para un solo trabajador sin carga familiar. Otro elemento que abona el criterio cauteloso de CGT y la cartera laboral.
Una suba alineada con la previsión de 90% de inflación le demandaría al Estado en lo inmediato una inyección de fondos de magnitud para engrosar el valor de los planes sociales, lo que está reñido con la austeridad que impone el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que Sergio Massa se comprometió a respetar. Pero también puede ser un dolor de cabeza para los sectores más tradicionales de la CGT. Los “gordos” de los grandes gremios de servicios, como Comercio y Sanidad, representan a vastos sectores de trabajadores con escalas salariales en promedio bajas respecto de la industria y el transporte. Y la nominalidad de un Consejo del Salario así planteado podría aparecérseles como un horizonte demasiado lejano para sus propios afiliados.
Paritarias
¿Qué sindicalista con peso propio querría avalar en una discusión que apenas involucra al sector privado un aumento de sueldos que su contraparte patronal no firmarían en una paritaria regular? Es la pregunta que en los últimos años –en la medida en que el Consejo del Salario perdió relevancia en las empresas y la cobró en la política social- llevó a la dirigencia más tradicional de la CGT a sostener posiciones cautelosas en cada negociación del mínimo. Un ejemplo de ese conservadurismo lo dio Comercio la semana pasada cuando, en lugar de estirar el 59,5% de aumento pactado en abril pasado con las cámaras mercantiles, optó por adelantar a agosto la última cuota del escalonamiento de la suba sin alterar todavía el número final.
El Gobierno, por su parte, a pesar de haberse comprometido una vez más a que este año los ingresos deberán ganarle a la inflación, atraviesa un momento de tensión con buena parte de las organizaciones sociales en las que pesa el valor de los planes. Allí es donde la actual encarnación del peronismo gobernante, como sucedió durante las gestiones kirchneristas, prefiere en general resguardar para el Ejecutivo la potestad de aumentar de manera unilateral los planes sociales sin cederle esa medalla a los 32 miembros del Consejo del Salario.
El debate en Trabajo será la antesala de discusiones que están pendientes entre sindicatos, empresarios y el Gobierno desde la asunción de Massa. Con la “mesa chica” de CGT el ministro de Economía charló la alternativa de una medida oficial para subir los sueldos y encontró resistencia hasta que se planteó un bono no remunerativo, por única vez y sin impacto en las negociaciones paritarias. Ese remedio y la activación de más tramos de paritarias hasta fin de año era hasta la semana pasada la opción más firme.
