Con el alta médica, pero bajo receta de tranquilidad hogareña, el detenido ex juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila está bajo arresto en su casa. La Prefectura es la fuerza que custodia al abogado, que desde hace casi una semana sobrellevó un cúmulo de situaciones extremas: la vicepresidente Gabriela Michetti (a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del mandatario por Asia) firmó el decreto de aceptación de la renuncia al cargo el jueves, un dia despues el juez Sergio Torres (que investiga la red de narcotráfico montada desde Itatí bajo el nombre Operativo Sapucay) ordenaba su detención.
La seguidilla de cuestiones derivó en una internación repentina en un sanatorio local, y desde el martes el abogado y docente universitario está en su casa, en reposo y dieta liviana ordenado por los médicos.
El ex magistrado fue procesado en diciembre pasado por su par porteño Sergio Torres, quien lo vinculó con una causa por supuestas coimas a narcotraficantes y le imputó el rol de organizador de una organización ilícita conformada además por abogados del foro local y dos secretarios de su estrado.
Como el procesamiento fue dictado con prisión preventiva pero el juez gozaba de inmunidad de arresto, el caso fue derivado al Consejo de la Magistratura de la Nación, donde el 26 de febrero próximo estaba prevista una audiencia de interpelación a cargo de la Comisión de Disciplina.
Así, existía la posibilidad de que, si fuera suspendido para ser sometido a jury de enjuiciamiento, el juzgado deba ser subrogado mientras el juez titular atraviesa esa instancia.
Soto Dávila ejercía la magistratura desde hace 23 años y tenía bajo su órbita el fuero electoral del ámbito federal en Corrientes.
