El organismo tomó datos basados en una posible caída del PBI para este año. La situación en las villas será aún más alarmante.
En el segundo semestre de 2019, un poco más de la mitad de los niños y niñas del país -el 53%- estaban alcanzados por la pobreza. A fines de 2020, esa cifra podría llegar casi al 59%. Y en las villas, podría ser aún más dramático y superar el 90%.
Los datos son proyecciones de Unicef basadas en estimaciones de la caída del Producto Bruto Interno (PBI) y de la Encuesta permanente de Hogares del Indec. A 80 días de conocerse el primer caso de coronavirus en Argentina y tras dos meses de aislamiento social obligatorio, el organismo dio a conocer este miércoles un informe en el que detalla los posibles efectos del COVID-19 sobre la pobreza infantil y la desigualdad en Argentina.
En la estimación realizada, donde se espera una caída de aproximadamente 5,7 puntos del PBI, la pobreza en la niñez llegaría al 58,6%. Por su parte, la pobreza extrema hacia final de 2020 sería del 16,3%. En términos de volúmenes de población, implicaría que entre 2019 y 2020 la cantidad de niñas, niños y adolescentes pobres pasaría de 7 millones a 7,7 millones; la pobreza extrema, de 1,8 a 2,1 millones.
El análisis realizado muestra fuertes desigualdades. La incidencia de la pobreza aumenta significativamente cuando las niñas, niños y adolescentes residen en hogares donde la persona adulta de referencia está desocupada (94,4%), con un trabajo informal (83,9%), con bajo clima educativo (92,9%), migrantes internacionales (70,8%) o con jefatura femenina (67,5%).
Si la vivienda esta localizada en una villa o en barrios populares, la incidencia de la pobreza en 2020 alcanzará a 9 de cada 10 niñas y niños. “Los datos nos muestran que el Covid-19 impacta con más fuerza en las poblaciones vulnerables, amplía las brechas de inequidad que ya había en el país y aumenta los niveles de pobreza entre las niñas, los niños y adolescentes, las victimas ocultas de la pandemia”, señaló Luisa Brumana, representante de Unicef Argentina.
La ubicación de la vivienda es una de las características que más incide en la desigualdad. El Registro Nacional de Barrios Populares de la Argentina indica que 4,2 millones de personas viven en estos lugares: casi el 90% no cuenta con acceso formal al agua corriente, el 98% no tiene acceso a la red cloacal, el 64% a la red eléctrica formal y el 99% no accede a la red formal de gas natural.
Si se considera un indicador de pobreza estructural como el de Necesidades Básicas Insatisfechas, en los barrios populares el 59% de la niñas y niños reside en viviendas con una carencia estructural. “Preocupa la combinación de elevados niveles de pobreza monetaria y estructural. Si los niños y niñas residen en viviendas inadecuadas o están hacinados, es difícil aplicar medidas de contención efectivas”, explicó Brumana.
Impacto. El gobierno nacional implementa medidas para contener los efectos del confinamiento. La protección de ingresos de los sectores más vulnerables implicó un aumento presupuestario significativo, de $514 a $650 mil millones: equivale al 2% del PIB estimado para 2020. Si se incluyen otros programas de apoyo laboral o productivo, como la Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción y los programas de créditos, se estima que las respuestas frente a la pandemia llegarían a los 3 puntos del PBI. Sin embargo, la magnitud del desafío requiere el fortalecimiento de las políticas de protección social.
En este sentido, plantea tres recomendaciones. Sebastian Waisgrais, especialista en Inclusión Social de Unicef, señaló que es clave mejorar el poder adquisitivo de la Asignación Universal por Hijo (AUH). “Proponemos que siga implementándose el bono extraordinario de $3103 a los titulares de la AUH y la asignación por embarazo para todo el 2020 -dijo-. Esta medida implica que el monto total de la AUH supere la línea de indigencia”. En segundo lugar, Unicef plantea ampliar la base de los programas de protección social, como la AUH, la Asignación por Embarazo y la Tarjeta Alimentar.
“Nos preocupa que desde 2016 se vienen extendiendo los plazos para presentar los certificados de escolaridad y controles de salud para percibir la AUH. Estas prórrogas vencen en los próximos dos meses y ponen en riesgo de perder la AUH a alrededor de 500 mil niñas, niños y adolescentes”, alertó Waisgrais. En 2020 la certificación de la AUH será difícil de demostrar y va a requerir nuevas prórrogas para 4 millones de niñas y niños. El organismo plantea que la AUH sea un “subsistema de protección de ingresos universal y no condicionado”.
Por último, las disparidades entre sectores sociales requieren un esfuerzo adicional para implementar políticas específicas. Contener la situación de niñas y niños que residen en hogares pobres sólo es posible si se implementan mecanismos universales que protejan ingresos y el acceso a bienes y servicios esenciales, así como otras respuestas focalizadas centradas en la comunidad y en los grupos poblacionales más desprotegidos.
