El pedido no incluyó ni a Hebe de Bonafini ni a Julio De Vido
La fiscal federal Paloma Ochoa solicitó enviar a juicio oral a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, al ex secretario de Obras Públicas José López y su segundo, Abel Fatala, por la causa “Sueños Compartidos”, que investiga el Plan Federal de Construcción de Viviendas instrumentado por el gobierno de Cristina Kirchner. Sin embargo, el requerimiento no incluyó ni al ex ministro Julio De Vido ni a Hebe Bonafini, la titular de Madres de Plaza de Mayo.
Según se explicó, a De Vido no se lo incluyó por una formalidad. Sobre Bonafini –que no había apelado el procesamiento de primera instancia-, la fiscal solicitó más medidas de prueba.
El pedido se hizo ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien consideró que una parte de la investigación estaba concluida y corrió vista a las partes para enviar esa parte del caso al juicio.
“La Secretaría de Obras Públicas transfirió un importe de 748.719.414,64 pesos –sin perjuicio de que el monto original comprometido ascendió a 1.295.218.967 pesos- para la ejecución de las obras convenidas, suma de la que fueron sustraídos 206.438.454,05 pesos, lo que equivale al 23,54% de la financiación total otorgada”, señaló la fiscal.
Ochoa también entendió que con la prueba colectada “se encuentra corroborado que, con el objeto de dar apariencia lícita a los montos ilegítimamente percibidos, por intermedio de un complejo esquema de reciclaje, se canalizaron las sumas de dinero desviadas a terceras personas y empresas que percibieron los valores sin contraprestación alguna relacionada con la actividad propia de la Fundación Madres de Plaza de Mayo”.
La causa conocida como “Sueños Compartidos” se inició en el 2011 y recayó en manos del entonces juez federal Norberto Oyarbide que detuvo a los hermanos Schoklender, famosos protagonistas de un parricidio en los años 80, y a quien Hebe de Bonafini había adoptado como un hijo cuando en los años 90 Sergio obtuvo la libertad.
El escándalo enfrentó a Sergio Schoklender con Bonafini, quien responsabilizó a su ex protegido de haberle robado el dinero de la Fundación y se desligó de todas las irregularidades en el caso, mientras que Sergio Schoklender se defendía acusando públicamente a De Vido y a López.
En el 2013, tras una serie de fallos críticos, la Cámara Federal apartó a Oyarbide de la investigación y desprocesó a los Schoklender, momento a partir del cual la causa quedó en manos de Martínez De Giorgi. Tras un proceso de auditorías, informes y recobro de información, el juez llamó a todos a indagatorias, lo cual le valió un tironeo con la titular de Madres que se resistió a ir a Comodoro Py. En mayo de 2015, De Giorgi procesó a los Schoklender, Bonafini, López y Fatala.
Hubo falta de mérito, sin embargo, para De Vido y los gobernadores y jefes comunales que firmaron convenios, mientras que se procesó a varios de los personajes que participaron en la “ingeniería financiera” de los cheques que habían ingresado a la Fundación.
El caso llegó a la Cámara Federal por las apelaciones de los imputados. Bonafini, sin embargo, no apeló y su procesamiento quedó firme. En la Cámara Federal no solo se confirmaron los procesamientos de los que apelaron sino que además revocaron la falta de mérito de De Vido y lo procesaron por defraudación. “De Vido comprometió los intereses confiados al poner en marcha e implementar un sistema irregular -que se mantuvo vigente durante un largo período de tiempo- que permitió la salida de una gran cantidad de fondos públicos al amparo de obras que se ejecutaron bajo las condiciones”, explicó la Cámara en el fallo.
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