“Vamos a analizar caso por caso”, explicaron desde la Agencia Nacional de Discapacidad. El haber llegará a $7.200 en marzo
Pese a que las pensiones por invalidez deben ser otorgadas exclusivamente a personas discapacitadas que están imposibilitadas de trabajar y no reciben ningún otro ingreso, el Gobierno detectó casos de beneficiarios que cobran salarios y jubilaciones de más de 60 mil pesos.
Los beneficiarios perciben actualmente $6.158 por mes. En marzo, la cifra aumentará a 7.287 pesos. Y se incrementa 40% si el pensionado vive en zona desfavorable como en La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Carmen de Patagones.
Las nuevas autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad no quisieron precisar cuántas personas se encuentran en esa situación irregular, aunque aclararon que aún no cortaron el beneficio.
Como primera medida, decidieron enviar a fines del año pasado notificaciones a cada una de las personas que presentan incompatibilidades. Los beneficiarios tendrán la posibilidad de justificar su situación ante las autoridades. El proceso no es sencillo porque los registros no están digitalizados y en muchos casos hay errores en los datos.
“Analizamos caso por caso, porque sabemos que hay personas con vulnerabilidad involucradas y solo tomaremos la decisión de cortar el beneficio cuando haya pasado el plazo de presentación y no se haya acreditado la documentación requerida“, explicó un funcionario de la AND.
El Estado otorga actualmente 1.044.000 pensiones, un total similar al que había en el 2015, cuando asumió Cambiemos la gestión del Gobierno nacional. Se trata de un beneficio para las personas que “por sus condiciones psicofísicas se encuentran invalidadas para realizar cualquier actividad laboral” y, por cierto, ni la persona ni el grupo familiar debe tener los recursos para hacerse cargo de su subsistencia. En el 2003 había 175.000 pensiones otorgadas.
El beneficio fue instituido en 1997 y el beneficiario debe tener incapacidad para trabajar total o permanente en un 76%, por lo que es causal de baja del beneficio la constatación de que está realizando cualquier actividad laboral. Tampoco puede estar amparado en un régimen de previsión o retiro.
Uno de los problemas más difíciles con los que se encontraron las nuevas autoridades para controlar el otorgamiento de las pensiones es que los trámites se realizaban en papel, que en muchos casos están deteriorados o simplemente desaparecieron de las carpetas con los expedientes de los beneficiarios.
Para subsanar desde aquí en adelante ese escollo, el viernes pasado se implementó el Certificado de Médicos Oficiales (CMO) digital para quienes quieran acceder a una pensión, lo que agilizará el trámite y permitirá controlar mejor la evolución de la persona. “Sabemos de casos que superaron la incapacidad y volvieron al trabajo y siguen cobrando la pensión, lo que no es justo con otras personas que realmente lo necesiten”, se explicó.
También comenzará progresivamente un proceso de renovación de los certificados médicos por esta vía, la digital, que “no solo permitirá despapelizar la base de datos, sino también darle más transparencia a los procesos internos y de acceso a la información del organismo”.
La Agencia Nacional de Discapacidad es un organismo creado por el decreto 698/2017 para reemplazar a la CONADIS, que estaba en órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Funciona en el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia, depende políticamente de la vicepresidenta Gabriela Michetti.
Entre otras funciones, otorga el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y gestiona el acceso al programa Incluir Salud para personas que hayan accedido a una Pensión No Contributiva y no tengan obra social o cobertura de medicina prepaga. También controla las franquicias para la compra de vehículos para discapacidad, que pagan menos impuestos.
