Esta mañana en el Salón Verde de Casa de Gobierno se llevó a cabo la firma de convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social, el SENNAF, el COPNAF, el grupo PHAROS y el UNICEF para la implementación del Registro Único Nominal (RUM) en la provincia. La misma es una herramienta informática que permite registrar todos los casos de vulneración de los derechos del niño en todo el país.
El RUN es una iniciativa de carácter federal que apunta que, a través de un legajo digital, se mejoren las acciones en materia de restitución de derechos y se fortalezcan los organismos especializados de niñez y adolescencia. A su vez, a partir de la información disponible, el RUN genera estadísticas sobre la vulneración de derechos en todo el país, contemplando tanto aquellas vinculadas a la protección especial como a la justicia penal juvenil y las acciones que realiza el Estado en sus diferentes niveles tendientes a su restitución.
A partir de la firma del convenio, se realizarán una serie de encuentros que permitirá el acceso a este sistema y capacitaciones.
Al hacer uso de la palabras el ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya, destacó que “la implementación de este sistema va a permitir acceder a información y datos en forma online que van facilitar el trabajo” y a la vez enfatizó en que esto ayudará en “agilizar diferentes cuestiones, mejorando el manejo de datos y la eficiencia”.
Por su parte, la directora General de la Mujer y la Familia y presidente del COPNAF, Analía Monzón, indicó que adaptarán la herramienta a las condiciones de la provincia, según la cultura local. Además, sostuvo que se realizarán capacitaciones a las personas encargadas de cargar los datos.
“Vamos a tener un sistema mucho más ordenado para responder ante la celeridad y urgencia de cada caso, asimismo compartir los datos con otras provincias”, finalizó Mónzón.
Esta herramienta aporta a dos grandes objetivos: por un lado fortalecer los sistemas de protección de derechos y, por otro, generar evidencia, información, y estadística, para que las políticas públicas que protegen la niñez sean parte de la evidencia disponible para la toma de decisiones.
